Por: Hugo Hurtado Valencia
huval7@gmail.com
La sociedad colombiana asiste, hace ya unos años, al
surgimiento del fenómeno conocido como revisionismo histórico o posverdad. Se
trata, tal como yo lo percibo, de un número creciente de personas, relacionadas
con la actividad política, académica o con los círculos económicos y del poder,
que ofrecen otras lecturas y escrituras de la realidad que cambian o niegan la
verdad de los hechos históricos. Este es el caso, por ejemplo, de ciertos
sectores políticos que han negado la Masacre de las bananeras, la existencia
del conflicto armado en Colombia o la parapolítica.
Objetivamente, la revisión de la historia no es censurable en
sí misma, puesto que se trata de una actividad necesaria para conocer, con base
en los testimonios y pruebas, el pasado, el presente y proyectar el futuro de
una sociedad.Cada revisión de la historia es entonces la oportunidad para nuevas comprensiones e interpretaciones acerca de lo que somos y hemos sido, pero la revisión de la historia deben hacerla quienes están facultados
para ello y no un grupo de personas que bien pudieran calificarse como “oportunistas
o seudointelectuales”.
Por otra parte, la revisión de la historia ha venido siendo,
en las últimas décadas, una actividad más propia de los grupos con
reivindicaciones sociales. Desde esta óptica, la historia ha tenido que ser
revisada y comenzada a ser reescrita, por sus protagonistas, para visibilizar el
horror de la esclavitud, el genocidio, la subordinación de la mujer, la guerra;
es decir, para reconocer a los grupos excluidos y actuar en consonancia con
ellos, con sus realidades, necesidades y sueños.
No obstante, las propuestas revisionistas actuales tienen
otro sentido. No buscan solo reparaciones morales o materiales, sino que son
planteadas por personas estrechamente relacionadas con el establecimiento. ¿Por
qué quienes se identifican con los dominadores, con quienes escriben e imponen,
mayormente, las versiones oficiales de la historia, pretenden ahora revisarla?
La respuesta es simple: no se trata de la historia, de si los hechos ocurrieron
o no, se trata de la lucha por la imposición de la verdad y del sistema ético y
político que de esta se deriva. Para ejemplo, no aceptar la verdad de la guerra
conlleva a no aceptar la existencia de grupos armados rebeldes, la posibilidad
de un tratado de paz y los consecuentes procesos de justicia y reparación que
ellos contienen. Sucesivamente, no aceptar cualquier verdad en relación con el
conflicto es no aceptar cualquier verdad en relación con la legitimidad del
Estado y sus élites.
La lucha por la imposición de la verdad es entonces una lucha
política. Hace ya algunos años un pensador francés llamado Michel Foucault, se
refirió al tema planteando que la verdad es impuesta por los grupos dominantes
y que esta define lo bueno y lo malo, lo normal y lo anormal, aspectos estos a
través de lo cuales se juzga y determina la acción de las personas. Guardando
las debidas reservas con esta perspectiva, nadie puede negar que, en Colombia,
la verdad de los hechos históricos ha sido impuesta, en gran parte, por los
grupos dominantes. De esta manera, el revisionismo histórico y la posverdad hacen
parte del conjunto de estrategias con las que el poder político corrupto pretende seguir legitimándose. Los hechos históricos y las versiones escritas que no se
correspondan ni con sus valores, ni con sus pretensiones políticas, seguirán
siendo producto de nuevas y permanentes revisiones y a ello, habrá que
acostumbrarse.
Menos mal, el debate revisionista apenas comienza y las
personas que quieren y piensan en un país diferente deberán asumirlo, haciendo
suya la conocida sentencia: “las bases que sostienen al sistema son también las
mismas sobre las que se asienta la transformación social”.
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