AMERICA LATINA: CAMBIOS EN LA SOCIEDAD, LA ECONOMÍA Y EL ESTADO: Colombia y Chile comparados

Hugo Hurtado Valencia[1]

Resumen:  

El artículo presente, revisa los principales cambios en la sociedad, la economía y el estado generados en América Latina desde 1982. A partir de este año, la mayoría de países transitan hacia la democracia, adoptan el modelo económico neoliberal y generan condiciones para el resurgimiento de la sociedad civil. Colombia y Chile representan sin embargo dos casos sui generis. Primero, porque Chile adopta el modelo económico neoliberal mucho antes que el resto de países de América Latina y en el contexto de un gobierno dictatorial; segundo porque Colombia no transita hacia la democracia sino que la vuelve más participativa como condición para adoptar el modelo económico neoliberal. En uno y otro contexto la sociedad civil emerge regulada y controlada por el Estado y los agentes económicos que subordinan al Estado.

Palabras claves: democracia, estado, neoliberalismo, sociedad civil.


Introducción

En el último cuarto de siglo, el mundo se instala en la búsqueda de un nuevo orden. Las relaciones estado- sociedad - economía se trasforman. Terminan las utopías. Ni capitalismo ni socialismo: ni estado fuerte, propiedad común y seres humanos iguales ni Estado de Bienestar, soportado en el crecimiento económico capitalista. En su lugar, reestructuración del estado y de sus relaciones con los otros, reformas económicas liberales y emergencia de sociedad civil (Olvera; 2001). Estas grandes tendencias, no exclusivas de los países de Europa occidental, Estados Unidos o el antiguo bloque socialista, se expresan para America Latina de modo distinto. De una parte, porque en América Latina predomina el Estado populista y de otra, porque el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, adoptado desde la década del treinta, configura relaciones estado – sociedad – economía, distintas a las de los llamados países capitalistas o socialistas.

En este contexto, es el objeto de este artículo, presentar los principales cambios que, a partir de la década de los ochenta, en América Latina se generan, poniendo especial atención en las transformaciones: estado- sociedad – economía, para países como Colombia y Chile. Se asume como tesis orientadora que antes de 1982 predomina en América Latina el Estado populista-desarrollista de carácter estado-céntrico, pero que después de  1982, con la crisis de la economía mundial y los procesos de transición democrática se inicia la búsqueda de un nuevo orden, cercano, en su primera etapa, al neoliberalismo y contenido, en su segunda etapa, entre distintos matices de neo-populismo y neo-liberalismo. Estas transiciones económicas y políticas que experimentan los países de América Latina no se dan por igual ni son procesos acabados pues están asociados a cambios globales pero también a características internas propias de cada país.


América Latina antes y después de 1982

Las transformaciones políticas, sociales y económicas de América Latina pueden  comprenderse mejor, a partir de considerar un antes y un después de 1982. Este año, constituye un punto de ruptura entre una forma de organizar y regular la sociedad que ya no se sostiene y otra forma de organizar y regular la sociedad, cuya búsqueda se inicia. Antes de 1982, predomina en América Latina, el estado populista – desarrollista que tiene sus orígenes en los años treinta del siglo pasado, cuando la mayoría de gobernantes, implanta en sus países el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, financiado por élites económicas nacionales y gobiernos, con recursos del Fondo Monetario Internacional (Sunkel;1991).

Caracteriza este tipo de estado, el estar conducido por caudillos (jefes militares o civiles) y ser la instancia principal alrededor de la cual, se regulan las relaciones económicas, sociales y políticas, con criterio autoritario y permeado, muchas veces, de un cierto sentimiento nacionalista (Cavarozzi; 1991). Este tipo de estado impulsa la construcción de identidad nacional, controla la economía y encauza el desarrollo que ha de llevarse a todos los sectores sociales. Entre 1960 y 1980, el  autoritarismo y centralidad de este estado obstaculiza la dinámica económica y, en el caso de las organizaciones sociales, anula y coopta, las posibilidades de su emergencia autónoma (Olvera: 2001).

A partir, sin embargo de 1982, la crisis económica internacional y el fracaso de la estrategia de industrialización, unida a la creciente deuda externa y aumento de demandas sociales insatisfechas, llevan a replantear el estado y sus relaciones con la economía y la sociedad. Un primer indicio de este cambio, se refleja en mayor reconocimiento de la sociedad, el estado y la economía  como esferas independientes, autónomas e interrelacionadas - situación que era más confusa en el modelo de estado anterior- y en pérdida de centralidad del estado como único ente regulador del orden social que sede autonomía a la sociedad y al mercado.

Elevado al nivel del estado, el mercado se erige como nuevo principio de organización y regulación de la vida social que si bien no subordina al primero, influye en su orientación y a través de pactos corporativos y presiones externas, lo reestructura[2]. En la esfera económica, esta reestructuración se expresa en adopción por parte de los países de América Latina, de un conjunto de políticas macroeconómicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno estadounidense y el Banco Mundial, dirigidas a reducir los costos de funcionamiento del estado, liberar la economía y hacer más eficientes la inversión y el gasto público.

Oswaldo Sunkel (1991), al explicar el por qué de estas reformas, sostiene  la tesis del modelo de desarrollo hacia adentro en detrimento del modelo de desarrollo desde dentro que debió desarrollarse en América Latina. Explica Sunkel, que el primero, al centrarse en la expansión de la producción y el mercado interno de productos para las clases medias y altas determina el proteccionismo y  fomento del consumo y la inversión, en detrimento, por ejemplo, de la producción agropecuaria o manufacturera para el consumo popular y el ahorro  potenciales generadores de un desarrollo desde dentro (Sunkel; 1991). Esta mala interpretación del desarrollo, unida a la aparición de nuevas ocupaciones, urbanización de los países latinoamericanos, subempleo, economía informal y aumento de la inequitativa  distribución del ingreso, genera ajustes y desajustes del modelo que se financian con créditos del Fondo Monetario Internacional.

En la década de los setenta, sin embargo, la caída de la economía en Estados Unidos, eleva las tasas de interés y los países se ven sometidos a la imposición de políticas neoliberales con el fin de pagar sus deudas (Olvera 2001). Este sometimiento a las políticas neoliberales se hace, en algunos países de América Latina, de manera drástica y en otros, de manera progresiva. No obstante, en unos y otros países se expresa en supresión de instituciones y cargos públicos, privatización de empresas estatales, nuevos ordenamientos jurídicos y fuertes reformas fiscales que provocan reacción de  organizaciones sociales sindicalizadas y sectores de izquierda, en contra de las reformas y ajustes económicos.

Mientras esto se da en la esfera económica, en la esfera política, los países de América Latina gobernados por militares, gobiernos civiles autoritarios y élites económicas, inician, desde la década de los ochenta, un proceso de transición democrática (Cavarozzi; 1991). Se busca, de un lado, legitimar el estado y la acción de los gobiernos y, de otro, brindar mayor participación a los ciudadanos.  Este proceso de ampliación de libertades políticas, coincide con  reducción del estado y disminución de su capacidad para atender las crecientes demandas sociales, insatisfechas, por un proceso de modernización estancado (Weffort; 1990), dando lugar así a reformas políticas y a la emergencia de sociedad civil.

En el plano político, el estado se descentraliza y como efecto inmediato los partidos políticos tradicionales pierden centralidad. Surgen -al margen de las desacreditadas agrupaciones políticas-nuevos partidos y liderazgos regionales  y las formas de integración y agregación de intereses cambian. Este fenómeno, no ocurre sólo al interior de los partidos políticos sino al interior de  los sindicatos que pierden también centralidad (Olvera; 2004). La vieja vinculación entre partidos políticos, sindicatos y estado desaparece y la política, como espacio de construcción del estado y la economía, se funda cada vez en relaciones informales y en acuerdos de corto plazo con actores cambiantes (Olvera; 2004).

En este contexto, la sociedad civil, relacionada para unos con el surgimiento de  procesos democráticos y de aumento de las libertades individuales garantizadas por el marco jurídico de los países y relacionada para otros, con la formación anterior de ciertos valores como el pluralismo (Panfichi; 2002)[3], deja de ser creada, controlada o cooptada por el estado y, en su lugar, se erige por sí misma y de manera diversa como oposición o como agente de cooperación entre estado y mercado.

Surgen así, a partir de la década de los ochenta, múltiples organizaciones sociales que desde una perspectiva autónoma, luchan por reivindicar los derechos humanos, satisfacer necesidades básicas, generar conciencia alrededor de la destrucción del medio ambiente, fortalecer la democracia e incidir, aunque de manera poco efectiva, en la construcción de políticas públicas (Olvera; 2004). Con distintos matices, estas organizaciones sociales no trascienden los niveles nacionales y tienden a ser un proceso fragmentado y con énfasis local, conectado, contradictoriamente, en algunos casos, con la esfera global.    

Este nuevo reordenamiento del estado, la sociedad y la economía ligado al neoliberalismo, a la transición democrática y la emergencia de nuevas identidades sociales predomina en América Latina, hasta mediados de la década de los noventa. Periodo a partir del cual, las intensas desigualdades sociales y el surgimiento de proyectos políticos distintos al neoliberalismo y ligados a la izquierda y a las fuerzas políticas de centro, dan lugar a nuevas búsquedas, relacionadas unas, con el neo-populismo, caso Venezuela y Bolivia,  donde el estado vuelve a tener el control de la economía y de la sociedad, otras con el neo-estructuralismo, donde el estado interviene moderadamente entre el mercado y la sociedad, en un intento por reequilibrar el orden y, otros más, que sin calificarse como neoliberalismo puro, constituyen un intento de perfección del modelo.  

Colombia y Chile representan, sin embargo, casos sui generis, en América Latina con respecto a estas tendencias. Por una parte, Colombia es el país en donde menos fructifica el Populismo, no presenta para el periodo de crisis económica, deuda externa crítica y las reformas económicas se aplican de manera gradual y, por otra, en el caso de Chile, porque es el país donde primero se adoptan, de manera drástica, las políticas neoliberales, antes incluso de la crisis económica de 1982 y antes incluso, del inicio de la transición democrática en los países Latinoamericanos, es decir, durante el periodo de la dictadura.   


Colombia y chile después de las reformas

En el caso Colombiano, la recesión económica de 1982, desencadena un proceso gradual de apertura económica (empezado desde antes) que tiene su punto culminante en 1991, cuando se incluyen en la nueva constitución, reformas en la política fiscal, monetaria y comercial, así como reformas en la seguridad social, régimen laboral y  descentralización del estado. Estas reformas, se efectúan de manera preventiva contra la amenaza de la deuda pública y la inflación que embarga a toda América Latina y  se caracterizan, de manera general, por: a) independencia del Banco de la república para fijar la política monetaria, crediticia y cambiaria b) reducción de trámites e impuestos a las exportaciones e importaciones, c) flexibilización del sistema laboral y reformas al sistema de salud y pensiones, d) nuevos impuestos y expansión de su base gravable, e) venta de entidades públicas y préstamos al Fondo Monetario Internacional, y f) descentralización política, administrativa y fiscal de las entidades territoriales (Bonilla; 2006).    

Estas reformas, todas de corte económico, logran controlar la inflación, sin embargo, en el plano social y económico amplio, no producen los resultados esperados. Por una parte, generan desempleo, quiebra de empresas nacionales, impactos negativos en la agricultura, mayor deserción escolar y disminución de los afiliados del régimen contributivo de salud, aumentando de manera general la pobreza (Bonilla; 2006). Por otra parte, los elevados costos del programa de modernización derivados de las mismas reformas, aumentan la deuda pública y el  tamaño del Estado, a lo que se suma, las elevadas tasas de interés y la falta de eficacia provocada, entre otras  razones, por la crisis de legitimidad y el avance de la violencia generada por el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares.  

A partir de la recesión económica de 1998, causada por la baja de precios en el petróleo y el café-principales productos de exportación del país (Bonilla; 2006) - los gobiernos de Pastrana y Uribe, impulsan las reformas de segunda generación a través de las cuales pretenden, disminuir el desempleo y mitigar la pobreza. Estas reformas que buscan una corresponsabilidad entre estado – economía y que se expresan, básicamente, como subsidios para la población más pobre, no tienen, sin embargo, el interés de reestructurar el sistema económico neoliberal, sino de ajustarlo, motivo por el cual, a pesar de la recuperación de la economía, no tienen impactos positivos en la disminución de los problemas sociales y en su defecto, los continúan aumentando.

La prevalencia de ciclos de recesión y crecimiento de la economía, acompañados de reformas que privatizan el estado y concentran la riqueza, genera sentimientos de desesperanza y falta de fe en los partidos políticos tradicionales y en sus cuadros dirigentes, a lo que se anexa, las prácticas clientelistas y los intentos de captura del estado[4] por parte de las organizaciones legales e ilegales.    

Desde la década del 70, los partidos políticos liberal y conservador - alrededor de los cuales se integra la sociedad colombiana – comienzan su desintegración y se inicia con ello, crisis de representatividad que los partidos no resuelven con renovación ideológica y programática de sus organizaciones sino con negociaciones con el gobierno (Restrepo; 2006), originándose así, un sistema político clientelista que más tarde va ser afectado por la inserción del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo en las estructuras del estado.  De esta manera, a  mediados de la década de los 80 y parte del 90, los carteles de Medellín y Cali, ocupan cargos públicos o financian campañas políticas desde donde influyen en la conducción del estado. Posteriormente, en el marco de la guerra contra la guerrilla, serán los paramilitares quiénes, con apoyo de dirigentes políticos, militares y élites económicas, controlen total o parcialmente las instancias del congreso, ejecutivas y judiciales, resultando de ello, mayor desprestigio de la clase dirigente y crisis políticas que se resuelven con mayores negociaciones clientelistas    

La poca confianza de la población en los partidos políticos tradicionales y los horrores de la guerra, unidos a la desesperanza de grandes sectores de la población,  dan lugar al fenómeno político del caudillo ilustrado (Restrepo; 2006), en el cual las personas orientan su conducta política más por la figura del caudillo que por la ideología de los partidos. Con base en apoyo popular, los caudillos concentran el poder y en cierta manera, como en el caso de Uribe, violentan los procedimientos democráticos y eliminan en algún grado la intermediación de los partidos políticos, ocasionándose así, disputas con los poderes legislativo y judicial.

Junto a estas crisis sociales y políticas de la sociedad colombiana, las reformas económicas debilitan las organizaciones sociales y les obligan a mutar. De esta manera, antes de las reformas de 1991, predominan en Colombia las protestas agrarias, de trabajadores y estudiantes, pero después de las reformas, emergen las protestas de género, defensa del medio ambiente, reivindicaciones étnicas y apertura hacia los espacio de poder. Las demandas sociales al estado se tornan más políticas y menos económicas, más basadas en exigencias de derechos y menos contestatarias. La idea de revolución se abandona y las luchas sociales tienden a convertirse en negociaciones de intereses particulares, ahondado con ello, los movimientos sociales, su fragmentación (Neira; 2005).

Distinto a lo ocurrido en Colombia, donde las reformas económicas tienen como marco un gran pacto social y político que permite la emergencia de nuevos actores sociales y de derechos, en Chile, las reformas económicas comienzan a aplicarse,  veinte años antes, durante el inicio del periodo de la dictadura, y conllevan a que la sociedad civil sea fuertemente reprimida y sus espacios de participación y construcción de identidad, anulados y fragmentados, producto de la acción represiva del estado (De la Manzana; 2003). En este contexto, la acción de la sociedad civil chilena, caracterizada antes por los fuertes movimientos sindicales, anexión a los partidos de izquierda y relación de intermediación con el estado,  adquiere un carácter oculto, coyuntural y esporádico, ligado primero a las crisis económicas y aumento de la pobreza, y segundo, durante la década de los noventa, a la necesidad de democratización del país.

Ya desde 1973, el libre cambio conduce a crisis del sector privado, auge del consumo de  bienes importados y sobrevaluación del tipo de cambio en Chile. Este deterioro de los términos de intercambio y fuga de capitales, genera en 1982, crisis de la economía, aumento de la pobreza y reacción de la sociedad civil contra las políticas económicas.

Para 1986,  la flexibilización de las políticas neoliberales, expresadas en control de capitales, protección de la producción agrícola y subsidios a las exportaciones no tradicionales, impuestas por el gobierno de Pinochet, recuperan la economía, que alcanza 7% de crecimiento durante la década del 1990 (De la Manzana; 2003), 3.7% más que Colombia para ese mismo periodo  (Panfichi; 2002). Este crecimiento económico que experimenta Chile no logra, sin embargo, reducir la pobreza, ni desconcentrar la riqueza, razón por la cual, se convierte en detonante para el nuevo accionar de sectores organizados de trabajadores y partidos políticos que con apoyo de organizaciones internacionales, reclaman la democratización del país (De la Manzana; 2003). Presionado por fuerzas externas e internas Pinochet, define el destino político del país a través del plebiscito de 1989, del cual sale derrotado, iniciando así su tránsito hacia la democracia.

Chile impone una dictadura, realiza reformas económicas y luego transita hacia la democracia. Este tránsito, presionado por la sociedad civil y las tendencias económicas externas es finalmente materializado como pacto entre élites políticas (De la Manzana; 2003), razón por la cual,  no genera, como en el caso colombiano, un nuevo ordenamiento jurídico ni tampoco mayores espacios de participación para las organizaciones sociales, porque lo que se pacta no es la reforma económica, ni el marco jurídico sino la forma de elegir los gobernantes.  La continuidad del marco jurídico e institucional del estado Chileno, ofrece formas limitadas de participación de la sociedad civil (De la Manzana; 2003); no obstante, la conducción del país por parte de gobiernos democráticos civiles, ligados a tendencias políticas de centro e izquierda, elimina las medidas represivas y abre con ello, nuevos espacios de participación. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, ONGs, movimientos ambientales y  organizaciones sindicales y de base comienzan una nueva etapa de su emergencia, caracterizada esta vez por relaciones de cooperación con el estado y de reacción frente a las consecuencias ambientales del neoliberalismo (De la Manzana;2003).

Un aspecto importante de esta nueva emergencia de la sociedad civil en  Chile, la constituyen los sindicatos, los cuales, a diferencia de Colombia, al incluir sectores más amplios de la población en sus plataformas políticas y abandonar su papel de confrontación, recuperan, anexos a partidos políticos de izquierda, su función de intermediación con el estado (De la Manzana; 2003 ). Estas organizaciones, que a partir de las reformas económicas, pierden considerablemente el número de afiliados, 12, 4% en el caso de chile durante el periodo 1988-1992 y de 16 a 5.9% en el caso de Colombia para el periodo 1980-1997 (De la Manzana; 2003 y Neira; 2005) sufren procesos de fragmentación y modifican sus agendas, pierden su papel protagónico de etapas anteriores, y en el caso de Colombia, se ven disminuidos por desacuerdos internos entre líderes sindicales y por la violencia guerrillera y paramilitar que convierte en objetivos militares a muchos de sus líderes.         


Consideraciones generales

Las variaciones en la constitución de la sociedad civil - más restringidas para el caso de Chile y más amplias pero también más conflictivas para el caso de Colombia – resultado de la imposición, en distintos periodos y contextos políticos, de las políticas de ajuste económico estructural, expresan etapas de su ocultamiento, normalización o emergencia pero también formas de relación con el estado y con la economía.

En Colombia, Chile, y en general en toda América Latina, las reformas económicas, aumentan el grado de concentración de la riqueza e imponen barreras laborales y de derechos a la sociedad civil, restringiendo la posibilidad de su participación autónoma. Este proceso que se verifica más para Chile que para Colombia, coincide con la apertura  a mayores procesos de democratización y pérdida de la autonomía del estado pero también con mayor concentración del poder político en las élites económicas y caudillos.

Sujeta a los vaivenes del mercado y a la clase política que este sostiene, la sociedad civil se amplia o se contrae de acuerdo con los marcos jurídicos y las relaciones con el estado y la economía que estas contemplan. En este orden de ideas, la sociedad civil negocia, reclama derechos o trata de ampliar otros, pero siempre limitada por el orden jurídico que el estado y la economía le imponen.

La acción de la sociedad civil, inscrita en el marco jurídico nacional o internacional, movida por distintos intereses y posiciones sociales se da como un proceso fragmentado, contradictorio, y no siempre dirigido a fortalecer la toma de decisiones conjuntas sino también anárquicas. El estado crea o limita la creación de la sociedad civil y de esta manera también la coopta y con algunas excepciones, como en el caso de los movimientos indígenas en Colombia, tienen la capacidad para, al margen de la política y el estado, emerger. En el caso de Chile y Colombia, la subordinación de la sociedad civil al estado y a la economía, sostiene la tesis un orden social neoliberal que prevalece en Latinoamérica después de 1982.


Bibliografía               

OLVERA, Alberto J. los modos de la recuperación contemporánea de la idea de Sociedad Civil. En la Sociedad Civil: la teoría a la Realidad. El Colegio de México. Centro de estudios sociológicos. 2001

------------------------------. Ajuste neoliberal, democracia de baja intensidad y Proyectos Políticos emergentes en América Latina. Instituto de Investigaciones Histórico sociales, universidad Veracruzana. México. Ponencia presentada para el simposio de Brasil y Las Américas en el Nuevo Milenio. Berlín 2-4 de diciembre de 2004.

SUNKEL Oswaldo. “Del Desarrollo hacia adentro al Desarrollo desde Dentro”. En América Latina a fines del Siglo. José Luis Reina (compilador). Fondo de Cultura Económica. México 1991. 

CAVAROZZI, Marcelo (1991. Más allá de las transiciones democráticas en América Latina.  América   a fines de siglo. José Luis Reyna. Compilador pp. 460-485

WEFFORT FRANCISCO (1990). “LA América Equivocada: apuntes sobre la democracia y la modernidad en la crisis de América Latina.” En  América a fines de siglo. José Luis Reyna. (Compilador)  pp. 399-431

PANFICHI, Aldo. Sociedad Civil y Democracia en los Andes y El Cono Sur A inicios del Siglo 21. En Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina. Andes y Cono Sur. Fondo de Cultura Económica de México 2002. pp. 13 

Bonilla, Ricardo (2006). “La Reforma económica, una apertura concentradora” en Francisco Leal.   (Editor). En la encrucijada. Colombia en el Siglo XXI. Bogotá. Editorial Norma.2006 pp. 423-449

NEIRA, Archila Mauricio. (2005). Los movimientos sociales en la encrucijada de comienzos del siglo 21. En Francisco Leal. (Editor). Colombia en el Siglo XXI. Bogotá. Edit. Norma.2006 pp. 27-49

DE LA MANZANA, Gonzalo. “Sociedad civil y democrática en Chile” en: Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur. .2003.FCE. México.

RESTREPO, Luis Alberto. (2006) Hacia el reino de los caudillos ilustrados? Los gobiernos colombianos como actores políticos, en Francisco Leal. (Editor). En la encrucijada. Colombia en el Siglo XXI. Bogotá. Editorial Norma.2006 pp. 27-49




[1] El presente artículo fue escrito en 2009 durante mis estudios de maestría en Sociología en la Universidad del Valle. Cali. Colombia. Agradezco al profesor Jorge Hernández Lara sus aportes.
[2] Hago referencia aquí a las acuerdos entre élites económicas nacionales y el Fondo Monetario Internacional que llevan a la restructuración del estado
[3] Junto a las perspectivas Neo-marxistas y Weberianas para comprender la emergencia de la sociedad Civil también están las perspectivas Históricas.
[4] La captura del estado es el máximo nivel de corrupción donde los grupos legales o ilegales interesados en capturar el estado influyen en la toma de decisiones, en las leyes, en los gobernantes, para sacar el mayor provecho particular.

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