Hugo
Hurtado Valencia[1]
Resumen:
El artículo
presente revisa los principales cambios en la sociedad, la economía y el
estado generados en América Latina desde 1982. A partir de este año, la
mayoría de países transitan hacia la democracia, adoptan el modelo económico
neoliberal y generan nuevas relaciones con la sociedad civil.
Colombia y Chile representan sin embargo dos casos sui generis. Chile porque adopta el modelo económico
neoliberal antes que el resto de países de América Latina y en un gobierno dictatorial. Colombia porque no transita hacia
la democracia sino que la vuelve más participativa como condición para impulsar la economía de libre mercado. En uno y otro contexto la sociedad civil emerge
regulada y controlada por el Estado y los agentes económicos.
Palabras claves: democracia, estado,
neoliberalismo, sociedad civil.
Introducción
En el último
cuarto de siglo, el mundo se instala en la búsqueda de un nuevo orden. Las
relaciones estado- sociedad - economía se trasforman. Terminan las utopías. Ni
capitalismo ni socialismo: ni estado fuerte, propiedad común y seres humanos
iguales ni Estado de Bienestar, soportado en el crecimiento económico
capitalista. En su lugar, reestructuración del estado y de sus relaciones con los
otros, reformas económicas liberales y emergencia de sociedad civil (Olvera;
2001). Estas grandes tendencias, no exclusivas de los países de Europa occidental,
Estados Unidos o el antiguo bloque socialista, se expresan para América Latina
de modo distinto. De una parte, porque en América Latina predomina el Estado populista
y de otra, porque el modelo de industrialización por sustitución de
importaciones, adoptado desde la década del treinta, configura relaciones
estado – sociedad – economía, distintas a las de los llamados países
capitalistas o socialistas.
En este
contexto, es el objeto de este artículo, presentar los principales cambios que,
a partir de la década de los ochenta, en América Latina se generan, poniendo
especial atención en las transformaciones: estado- sociedad – economía, para países
como Colombia y Chile. Se asume como tesis orientadora que antes de 1982
predomina en América Latina el Estado populista-desarrollista de carácter
estado-céntrico, pero que después de
1982, con la crisis de la economía mundial y los procesos de transición
democrática se inicia la búsqueda de un nuevo orden, cercano, en su primera
etapa, al neoliberalismo y contenido, en su segunda etapa, entre distintos
matices de neo-populismo y neo-liberalismo. Estas transiciones económicas y
políticas que experimentan los países de América Latina no se dan por igual ni
son procesos acabados pues están asociados a cambios globales pero también a características
internas propias de cada país.
América Latina antes y después de 1982
Las transformaciones
políticas, sociales y económicas de América Latina pueden comprenderse mejor, a partir de considerar un
antes y un después de 1982. Este año, constituye un punto de ruptura entre una
forma de organizar y regular la sociedad que ya no se sostiene y otra forma de
organizar y regular la sociedad, cuya búsqueda se inicia. Antes de 1982,
predomina en América Latina, el estado populista – desarrollista que tiene sus
orígenes en los años treinta del siglo pasado, cuando la mayoría de gobernantes,
implanta en sus países el modelo económico de industrialización por sustitución
de importaciones, financiado por élites económicas nacionales y gobiernos, con
recursos del Fondo Monetario Internacional (Sunkel;1991).
Caracteriza
este tipo de estado, el estar conducido por caudillos (jefes militares o
civiles) y ser la instancia principal alrededor de la cual, se regulan las
relaciones económicas, sociales y políticas, con criterio autoritario y permeado,
muchas veces, de un cierto sentimiento nacionalista (Cavarozzi; 1991). Este tipo
de estado impulsa la construcción de identidad nacional, controla la economía y
encauza el desarrollo que ha de llevarse a todos los sectores sociales. Entre
1960 y 1980, el autoritarismo y
centralidad de este estado obstaculiza la dinámica económica y, en el caso de
las organizaciones sociales, anula y coopta, las posibilidades de su emergencia
autónoma (Olvera: 2001).
A partir, sin
embargo de 1982, la crisis económica internacional y el fracaso de la
estrategia de industrialización, unida a la creciente deuda externa y aumento
de demandas sociales insatisfechas, llevan a replantear el estado y sus
relaciones con la economía y la sociedad. Un primer indicio de este cambio, se
refleja en mayor reconocimiento de la sociedad, el estado y la economía como esferas independientes, autónomas e interrelacionadas
- situación que era más confusa en el modelo de estado anterior- y en pérdida
de centralidad del estado como único ente regulador del orden social que sede autonomía
a la sociedad y al mercado.
Elevado al
nivel del estado, el mercado se erige como nuevo principio de organización y
regulación de la vida social que si bien no subordina al primero, influye en su
orientación y a través de pactos corporativos y presiones externas, lo
reestructura[2].
En la esfera económica, esta reestructuración se expresa en adopción por parte
de los países de América Latina, de un conjunto de políticas macroeconómicas
recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno estadounidense y
el Banco Mundial, dirigidas a reducir los costos de funcionamiento del estado,
liberar la economía y hacer más eficientes la inversión y el gasto público.
Oswaldo Sunkel
(1991), al explicar el por qué de estas reformas, sostiene la tesis del modelo de desarrollo hacia adentro en detrimento del modelo
de desarrollo desde dentro que debió
desarrollarse en América Latina. Explica Sunkel, que el primero, al centrarse en la expansión de la producción y el
mercado interno de productos para las clases medias y altas determina el
proteccionismo y fomento del consumo y
la inversión, en detrimento, por ejemplo, de la producción agropecuaria o
manufacturera para el consumo popular y el ahorro potenciales generadores de un desarrollo desde
dentro (Sunkel; 1991). Esta mala interpretación del desarrollo, unida a la
aparición de nuevas ocupaciones, urbanización de los países latinoamericanos,
subempleo, economía informal y aumento de la inequitativa distribución del ingreso, genera ajustes y
desajustes del modelo que se financian con créditos del Fondo Monetario
Internacional.
En la década de los setenta, sin embargo, la
caída de la economía en Estados Unidos, eleva las tasas de interés y los países
se ven sometidos a la imposición de políticas neoliberales con el fin de pagar
sus deudas (Olvera 2001). Este sometimiento a las
políticas neoliberales se hace, en algunos países de América Latina, de manera
drástica y en otros, de manera progresiva. No obstante, en unos y otros países se
expresa en supresión de instituciones y cargos públicos, privatización de
empresas estatales, nuevos ordenamientos jurídicos y fuertes reformas fiscales
que provocan reacción de organizaciones
sociales sindicalizadas y sectores de izquierda, en contra de las reformas y
ajustes económicos.
Mientras esto se da en la esfera económica, en
la esfera política, los países de América Latina gobernados por militares,
gobiernos civiles autoritarios y élites económicas, inician, desde la década de
los ochenta, un proceso de transición democrática (Cavarozzi; 1991). Se busca,
de un lado, legitimar el estado y la acción de los gobiernos y, de otro, brindar
mayor participación a los ciudadanos.
Este proceso de ampliación de libertades políticas, coincide con reducción del estado y disminución de su
capacidad para atender las crecientes demandas sociales, insatisfechas, por un
proceso de modernización estancado (Weffort; 1990), dando lugar así a reformas
políticas y a la emergencia de sociedad civil.
En el plano político, el estado se
descentraliza y como efecto inmediato los partidos políticos tradicionales
pierden centralidad. Surgen -al margen de las desacreditadas agrupaciones
políticas-nuevos partidos y liderazgos regionales y las formas de integración y agregación de
intereses cambian. Este fenómeno, no ocurre sólo al interior de los partidos
políticos sino al interior de los
sindicatos que pierden también centralidad (Olvera; 2004). La vieja vinculación
entre partidos políticos, sindicatos y estado desaparece y la política, como
espacio de construcción del estado y la economía, se funda cada vez en
relaciones informales y en acuerdos de corto plazo con actores cambiantes (Olvera;
2004).
En este contexto, la sociedad civil,
relacionada para unos con el surgimiento de
procesos democráticos y de aumento de las libertades individuales
garantizadas por el marco jurídico de los países y relacionada para otros, con la
formación anterior de ciertos valores como el pluralismo (Panfichi; 2002)[3],
deja de ser creada, controlada o cooptada por el estado y, en su lugar, se
erige por sí misma y de manera diversa como oposición o como agente de
cooperación entre estado y mercado.
Surgen así, a partir de la década de los ochenta,
múltiples organizaciones sociales que desde una perspectiva autónoma, luchan por
reivindicar los derechos humanos, satisfacer necesidades básicas, generar
conciencia alrededor de la destrucción del medio ambiente, fortalecer la
democracia e incidir, aunque de manera poco efectiva, en la construcción de
políticas públicas (Olvera; 2004). Con distintos matices, estas organizaciones
sociales no trascienden los niveles nacionales y tienden a ser un proceso
fragmentado y con énfasis local, conectado, contradictoriamente, en algunos casos,
con la esfera global.
Este nuevo reordenamiento del estado, la
sociedad y la economía ligado al neoliberalismo, a la transición democrática y
la emergencia de nuevas identidades sociales predomina en América Latina, hasta
mediados de la década de los noventa. Periodo a partir del cual, las intensas
desigualdades sociales y el surgimiento de proyectos políticos distintos al
neoliberalismo y ligados a la izquierda y a las fuerzas políticas de centro,
dan lugar a nuevas búsquedas, relacionadas unas, con el neo-populismo, caso
Venezuela y Bolivia, donde el estado
vuelve a tener el control de la economía y de la sociedad, otras con el
neo-estructuralismo, donde el estado interviene moderadamente entre el mercado
y la sociedad, en un intento por reequilibrar el orden y, otros más, que sin
calificarse como neoliberalismo puro, constituyen un intento de perfección del
modelo.
Colombia y Chile representan, sin embargo,
casos sui generis, en América Latina con respecto a estas tendencias. Por una
parte, Colombia es el país en donde menos fructifica el Populismo, no presenta
para el periodo de crisis económica, deuda externa crítica y las reformas económicas
se aplican de manera gradual y, por otra, en el caso de Chile, porque es el
país donde primero se adoptan, de manera drástica, las políticas neoliberales, antes
incluso de la crisis económica de 1982 y antes incluso, del inicio de la
transición democrática en los países Latinoamericanos, es decir, durante el
periodo de la dictadura.
Colombia y Chile
después de las reformas
En el caso
Colombiano, la recesión económica de 1982, desencadena un proceso gradual de
apertura económica (empezado desde antes) que tiene su punto culminante en 1991,
cuando se incluyen en la nueva constitución, reformas en la política fiscal,
monetaria y comercial, así como reformas en la seguridad social, régimen
laboral y descentralización del estado. Estas
reformas, se efectúan de manera preventiva contra la amenaza de la deuda
pública y la inflación que embarga a toda América Latina y se caracterizan, de manera general, por: a)
independencia del Banco de la república para fijar la política monetaria, crediticia
y cambiaria b) reducción de trámites e impuestos a las exportaciones e
importaciones, c) flexibilización del sistema laboral y reformas al sistema de
salud y pensiones, d) nuevos impuestos y expansión de su base gravable, e) venta
de entidades públicas y préstamos al Fondo Monetario Internacional, y f) descentralización
política, administrativa y fiscal de las entidades territoriales (Bonilla;
2006).
Estas
reformas, todas de corte económico, logran controlar la inflación, sin embargo,
en el plano social y económico amplio, no producen los resultados esperados.
Por una parte, generan desempleo, quiebra de empresas nacionales, impactos
negativos en la agricultura, mayor deserción escolar y disminución de los
afiliados del régimen contributivo de salud, aumentando de manera general la
pobreza (Bonilla; 2006). Por otra parte, los elevados costos del programa de modernización
derivados de las mismas reformas, aumentan la deuda pública y el tamaño del Estado, a lo que se suma, las elevadas
tasas de interés y la falta de eficacia provocada, entre otras razones, por la crisis de legitimidad y el
avance de la violencia generada por el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares.
A partir de la
recesión económica de 1998, causada por la baja de precios en el petróleo y el
café-principales productos de exportación del país (Bonilla; 2006) - los
gobiernos de Pastrana y Uribe, impulsan las reformas de segunda generación a
través de las cuales pretenden, disminuir el desempleo y mitigar la pobreza. Estas
reformas que buscan una corresponsabilidad entre estado – economía y que se
expresan, básicamente, como subsidios para la población más pobre, no tienen,
sin embargo, el interés de reestructurar el sistema económico neoliberal, sino
de ajustarlo, motivo por el cual, a pesar de la recuperación de la economía, no
tienen impactos positivos en la disminución de los problemas sociales y en su
defecto, los continúan aumentando.
La prevalencia
de ciclos de recesión y crecimiento de la economía, acompañados de reformas que
privatizan el estado y concentran la riqueza, genera sentimientos de
desesperanza y falta de fe en los partidos políticos tradicionales y en sus
cuadros dirigentes, a lo que se anexa, las prácticas clientelistas y los intentos
de captura del estado[4]
por parte de las organizaciones legales e ilegales.
Desde la década
del 70, los partidos políticos liberal y conservador - alrededor de los cuales
se integra la sociedad colombiana – comienzan su desintegración y se inicia con
ello, crisis de representatividad que los partidos no resuelven con renovación
ideológica y programática de sus organizaciones sino con negociaciones con el
gobierno (Restrepo; 2006), originándose así, un sistema político clientelista
que más tarde va ser afectado por la inserción del narcotráfico, la guerrilla y
el paramilitarismo en las estructuras del estado. De esta manera, a mediados de la década de los 80 y parte del 90,
los carteles de Medellín y Cali, ocupan cargos públicos o financian campañas
políticas desde donde influyen en la conducción del estado. Posteriormente, en
el marco de la guerra contra la guerrilla, serán los paramilitares quiénes, con
apoyo de dirigentes políticos, militares y élites económicas, controlen total o
parcialmente las instancias del congreso, ejecutivas y judiciales, resultando
de ello, mayor desprestigio de la clase dirigente y crisis políticas que se
resuelven con mayores negociaciones clientelistas
La poca
confianza de la población en los partidos políticos tradicionales y los
horrores de la guerra, unidos a la desesperanza de grandes sectores de la
población, dan lugar al fenómeno político
del caudillo ilustrado (Restrepo;
2006), en el cual las personas orientan su conducta política más por la figura
del caudillo que por la ideología de los partidos. Con base en apoyo popular,
los caudillos concentran el poder y en cierta manera, como en el caso de Uribe,
violentan los procedimientos democráticos y eliminan en algún grado la
intermediación de los partidos políticos, ocasionándose así, disputas con los
poderes legislativo y judicial.
Junto a estas
crisis sociales y políticas de la sociedad colombiana, las reformas económicas
debilitan las organizaciones sociales y les obligan a mutar. De esta manera,
antes de las reformas de 1991, predominan en Colombia las protestas agrarias,
de trabajadores y estudiantes, pero después de las reformas, emergen las
protestas de género, defensa del medio ambiente, reivindicaciones étnicas y
apertura hacia los espacio de poder. Las demandas sociales al estado se tornan más
políticas y menos económicas, más basadas en exigencias de derechos y menos
contestatarias. La idea de revolución se abandona y las luchas sociales tienden
a convertirse en negociaciones de intereses particulares, ahondado con ello,
los movimientos sociales, su fragmentación (Neira; 2005).
Distinto a lo
ocurrido en Colombia, donde las reformas económicas tienen como marco un gran
pacto social y político que permite la emergencia de nuevos actores sociales y
de derechos, en Chile, las reformas económicas comienzan a aplicarse, veinte años antes, durante el inicio del
periodo de la dictadura, y conllevan a que la sociedad civil sea fuertemente
reprimida y sus espacios de participación y construcción de identidad, anulados
y fragmentados, producto de la acción represiva del estado (De la Manzana;
2003). En este contexto, la acción de la sociedad civil chilena, caracterizada
antes por los fuertes movimientos sindicales, anexión a los partidos de
izquierda y relación de intermediación con el estado, adquiere un carácter oculto, coyuntural y
esporádico, ligado primero a las crisis económicas y aumento de la pobreza, y segundo,
durante la década de los noventa, a la necesidad de democratización del país.
Ya desde 1973,
el libre cambio conduce a crisis del sector privado, auge del consumo de bienes importados y sobrevaluación del tipo
de cambio en Chile. Este deterioro de los términos de intercambio y fuga de
capitales, genera en 1982, crisis de la economía, aumento de la pobreza y
reacción de la sociedad civil contra las políticas económicas.
Para 1986, la flexibilización de las políticas neoliberales,
expresadas en control de capitales, protección de la producción agrícola y
subsidios a las exportaciones no tradicionales, impuestas por el gobierno de
Pinochet, recuperan la economía, que alcanza 7% de crecimiento durante la
década del 1990 (De la Manzana; 2003), 3.7% más que Colombia para ese mismo
periodo (Panfichi; 2002). Este crecimiento
económico que experimenta Chile no logra, sin embargo, reducir la pobreza, ni
desconcentrar la riqueza, razón por la cual, se convierte en detonante para el nuevo
accionar de sectores organizados de trabajadores y partidos políticos que con
apoyo de organizaciones internacionales, reclaman la democratización del país
(De la Manzana; 2003). Presionado por fuerzas externas e internas Pinochet,
define el destino político del país a través del plebiscito de 1989, del cual
sale derrotado, iniciando así su tránsito hacia la democracia.
Chile impone
una dictadura, realiza reformas económicas y luego transita hacia la democracia.
Este tránsito, presionado por la sociedad civil y las tendencias económicas
externas es finalmente materializado como pacto entre élites políticas (De la
Manzana; 2003), razón por la cual, no
genera, como en el caso colombiano, un nuevo ordenamiento jurídico ni tampoco
mayores espacios de participación para las organizaciones sociales, porque lo
que se pacta no es la reforma económica, ni el marco jurídico sino la forma de
elegir los gobernantes. La continuidad
del marco jurídico e institucional del estado Chileno, ofrece formas limitadas
de participación de la sociedad civil (De la Manzana; 2003); no obstante, la conducción
del país por parte de gobiernos democráticos civiles, ligados a tendencias
políticas de centro e izquierda, elimina las medidas represivas y abre con ello,
nuevos espacios de participación. En este contexto, organizaciones de la
sociedad civil como sindicatos, ONGs, movimientos ambientales y organizaciones sindicales y de base comienzan
una nueva etapa de su emergencia, caracterizada esta vez por relaciones de
cooperación con el estado y de reacción frente a las consecuencias ambientales
del neoliberalismo (De la Manzana;2003).
Un aspecto importante
de esta nueva emergencia de la sociedad civil en Chile, la constituyen los sindicatos, los
cuales, a diferencia de Colombia, al incluir sectores más amplios de la
población en sus plataformas políticas y abandonar su papel de confrontación,
recuperan, anexos a partidos políticos de izquierda, su función de
intermediación con el estado (De la Manzana; 2003 ). Estas organizaciones, que a partir de las
reformas económicas, pierden considerablemente el número de afiliados, 12, 4%
en el caso de chile durante el periodo 1988-1992 y de 16 a 5.9% en el caso de
Colombia para el periodo 1980-1997 (De la Manzana; 2003 y Neira; 2005) sufren
procesos de fragmentación y modifican sus agendas, pierden su papel protagónico
de etapas anteriores, y en el caso de Colombia, se ven disminuidos por
desacuerdos internos entre líderes sindicales y por la violencia guerrillera y
paramilitar que convierte en objetivos militares a muchos de sus líderes.
Consideraciones generales
Las variaciones
en la constitución de la sociedad civil - más restringidas para el caso de
Chile y más amplias pero también más conflictivas para el caso de Colombia – resultado
de la imposición, en distintos periodos y contextos políticos, de las políticas
de ajuste económico estructural, expresan etapas de su ocultamiento,
normalización o emergencia pero también formas de relación con el estado y con
la economía.
En Colombia,
Chile, y en general en toda América Latina, las reformas económicas, aumentan el
grado de concentración de la riqueza e imponen barreras laborales y de derechos
a la sociedad civil, restringiendo la posibilidad de su participación autónoma.
Este proceso que se verifica más para Chile que para Colombia, coincide con la
apertura a mayores procesos de
democratización y pérdida de la autonomía del estado pero también con mayor concentración
del poder político en las élites económicas y caudillos.
Sujeta a los
vaivenes del mercado y a la clase política que este sostiene, la sociedad civil
se amplia o se contrae de acuerdo con los marcos jurídicos y las relaciones con
el estado y la economía que estas contemplan. En este orden de ideas, la
sociedad civil negocia, reclama derechos o trata de ampliar otros, pero siempre
limitada por el orden jurídico que el estado y la economía le imponen.
La acción de
la sociedad civil, inscrita en el marco jurídico nacional o internacional,
movida por distintos intereses y posiciones sociales se da como un proceso
fragmentado, contradictorio, y no siempre dirigido a fortalecer la toma de
decisiones conjuntas sino también anárquicas. El estado crea o limita la
creación de la sociedad civil y de esta manera también la coopta y con algunas
excepciones, como en el caso de los movimientos indígenas en Colombia, tienen
la capacidad para, al margen de la política y el estado, emerger. En el caso de
Chile y Colombia, la subordinación de la sociedad civil al estado y a la
economía, sostiene la tesis un orden social neoliberal que prevalece en
Latinoamérica después de 1982.
Bibliografía
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contemporánea de la idea de Sociedad Civil. En la Sociedad Civil : la teoría a la Realidad. El Colegio
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democracia de baja intensidad y Proyectos Políticos emergentes en América
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Reina (compilador). Fondo de Cultura Económica. México 1991.
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Latina. América a fines de siglo. José Luis Reyna.
Compilador pp. 460-485
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América Equivocada : apuntes sobre la democracia y la
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América a fines de siglo. José Luis Reyna. (Compilador) pp. 399-431
PANFICHI,
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Siglo 21. En Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América
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Bonilla,
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En la encrucijada. Colombia en el Siglo XXI. Bogotá. Editorial Norma.2006 pp.
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NEIRA, Archila
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siglo 21. En Francisco Leal. (Editor). Colombia en el Siglo XXI. Bogotá. Edit.
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DE LA MANZANA,
Gonzalo. “Sociedad civil y democrática en Chile” en: Sociedad civil, esfera
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RESTREPO, Luis
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colombianos como actores políticos, en Francisco Leal. (Editor). En la encrucijada.
Colombia en el Siglo XXI. Bogotá. Editorial Norma.2006 pp. 27-49
[1] El presente artículo fue escrito en 2009 durante mis estudios de
maestría en Sociología en la Universidad del Valle. Cali. Colombia. Agradezco
al profesor Jorge Hernández Lara sus aportes.
[2] Hago referencia aquí a las acuerdos entre élites económicas
nacionales y el Fondo Monetario Internacional que llevan a la restructuración
del estado
[3] Junto a las perspectivas Neo-marxistas y Weberianas para
comprender la emergencia de la sociedad Civil también están las perspectivas
Históricas.
[4] La captura del estado es el máximo nivel de corrupción donde los
grupos legales o ilegales interesados en capturar el estado influyen en la toma
de decisiones, en las leyes, en los gobernantes, para sacar el mayor provecho
particular.
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