Por: Hugo Hurtado Valencia.
Profesor de la cátedra de Historia de
Colombia.
Facultad de Humanidades. Universidad
Autónoma.
Septiembre
10 de 2012.
El
acceso en condiciones plenas de igualdad ante la ley es un derecho humano fundamental
consignado en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y adoptado por el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Este
derecho, enmarcado en un conjunto más amplio de normas destinadas a proteger la
vida y dignidad humana, constituye una de las bases de la democracia y la razón
de ser de toda justicia. ¿Qué le pasa a una sociedad sí las instituciones judiciales no garantizan su plena realización?
En
primer lugar, la sociedad deja de creer en la justicia, la mira con
desconfianza y sospecha. ¿Para qué acudir a la justicia si la misma castiga a
los inocentes y brinda impunidad a los culpables? En segundo lugar, el Estado colombiano y la
democracia pierden legitimidad. El Estado no ejerce una de sus funciones y esta
es fácilmente asumida por otros. Gran parte de la Historia del país, al menos
desde el asesinato de Gaitán, puede ser explicada a partir del déficit institucional
para cumplir este derecho.
En
Colombia la justicia no funciona o
funciona a medias por falta de capacidad institucional, estar cooptada en sus
decisiones o por ser, ella misma, mezcla de todas esas contradicciones que han
permeado a la sociedad colombiana.
En
las últimas décadas, por ejemplo, el acceso en condiciones plenas de igualdad
ante la ley, se ha visto limitado por el elevado número de demandas y la falta
de capacidad institucional para tramitarlas, fenómeno que ha tornado lento el aparato
administrativo judicial y que lo ha llevado a reformarse, pero también ha experimentar
desorden administrativo, consecuencia de la transición de un sistema acusatorio
penal a otro.
A
este respecto cabe mencionar que procesos que habían sido conciliados o habían
sido fallados sufrieron nuevos retrasos. Personalmente supe de dos: uno en el
cual el fallo del juez ordenaba que el Estado debía pagar a las organizaciones
indígenas dineros adeudados por la prestación de servicios educativos y otro,
donde un joven que había arreglado sus deudas con la justicia fue regresado nuevamente
a la cárcel. El resultado: el retraso en la protección de los derechos y la
obstaculización del acceso en condiciones de igualdad.
El
esfuerzo de la justicia para juzgar o
proteger prontamente los derechos de las personas es pues un paso
fundamental para garantizar el acceso igual ante la ley; sin embargo, no
representa en sí el principal problema a solucionar. La
impunidad continúa sembrando un manto de duda respecto a la eficacia de la
justicia para dar respuesta a procesos como la parapolítica, falsos positivos, chuzadas,
falsas desmovilizaciones, apropiación ilegal de las tierras, etc. Cada uno de
estos procesos que merecen capítulo aparte, se unen a otros como el del
estudiante Luis Andrés Colmenares y el ladrón de caldos de gallina, donde la justicia ha demostrado
que actúa bajo la presión de los medios de comunicación o de acuerdo con la
condición social, política o económica de los involucrados.
En
el caso de las presiones políticas, para nadie es secreto que el excesivo poder
concedido al poder ejecutivo en Colombia ha servido para subordinar la justicia. Lo anterior se contrapone a los esfuerzos del poder judicial y
el clamor de la sociedad para lograr que ese órgano constitucional sea independiente y
autónomo. “El choque de trenes” frase célebre durante el periodo Uribe, refleja
muy bien este fenómeno. Se choca porque el gobierno intenta cooptar los poderes
entre ellos el de la justicia. ¿Se pone en riesgo la democracia? Sí.
Pero
si el acceso igual ante la ley puede verse afectado por la subordinación del
poder judicial al poder ejecutivo, tal afectación es también generada por los
grupos de paramilitares, narcotraficantes y emporios económicos que buscan favorecer
sus intereses personales. La complicidad de algunos jueces es también aquí un
punto relevante. ¿Cuántos jueces, empresarios y abogados no se han unido para
desfalcar al Estado?
En
resumen fortalecer la justicia es lograr que los ciudadanos accedan a la misma en
condiciones de igualdad, es hacer un esfuerzo para salvaguardar la democracia y
la convivencia entre los colombianos.
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